(Por facu acuña) El poder judicial tiene desde la semana pasada una denuncia por el espionaje ilegal durante la gestión de Gustavo Arribas al frente de la AFI. Pero también alcanza al ex presidente, Mauricio Macri, por haber diseñado por ser el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.

Ahora, desde Nuevo Encuentro solicitaron ser querellantes en esa causa por ser precisamente espiados por el entramado ilegal montado en la AFI.

Un comunicado de la fuerza política indicó que “las personas espiadas de manera ilegal por la administración de Cambiemos desde el 2 de junio de 2016, que son parte de la conducción del Partido Nuevo Encuentro y se presentaron como querellantes en la causa, son: Martín Sabbatella, presidente del Partido; Adrián Grana, secretario general del Partido y por entonces diputado Nacional; Sergio Zurano, miembro de la Mesa Nacional y apoderado del Partido; Sol González de Cap, responsable del Frente Estudiantil; Fernando Torrillate, secretario de Prensa del partido; Cintia Luján, Responsable de Géneros y Disidencias; Guido Pasamonik, responsable del Frente Nacional de Salud; Lara Carvajal, secretaria de Equipos Técnicos y Programáticos y Jefa de Asesores de la diputada nacional Mónica Macha y Leonardo Sabbatella, responsable de Comunicación de Mónica Macha”.

El referente y ex intendente de Morón, Martín Sabbatella, aseguró que “el ex presidente Mauricio Macri lideró una banda mafiosa que, entre otras cosas, espiaba y perseguía a quienes éramos contrarios a sus ideas y a sus propios aliados. Queremos que se llegué hasta el fondo de esto porque se trata de esos ‘sótanos oscuros de la democracia’, a los que se refirió nuestro presidente Alberto Fernández”.

Por tal motivo, Nuevo Encuentro decidió presentarse en el proceso bajo el patrocinio letrado de los abogados Martín Haissiner y Sergio Zurano, esperando que se investigue hasta las últimas consecuencias y que se accione con todo el peso de la Ley sobre quienes utilizaron los recursos del Estado para espiar y perseguir con fine políticos a dirigentes y militantes de esta fuerza.