La construcción del aeropuerto aerocomercial de El Palomar sigue sumando rechazos judiciales por riesgos en la seguridad y ambientales. El amparo del colectivo StopFlybondi, aprobado y luego desestimado por la jueza de San Martín, Martina Forns, fue apelado ayer ante la Cámara de San Martín, que ahora deberá expedirse por el levantamiento de la medida. Además se pidió la recusación de la magistrada. Por su parte, Forns envió a la Cámara de San Martín otro amparo, presentado a fines de enero por la abogada ambientalista Claudia Sambro Merlo para que se sortee juzgado. La demanda de Sambro Merlo hace referencia a “graves incumplimientos” de normativas ambientales con la presunta violación de acuerdos internacionales, maniobras fraudulentas por parte de la empresa Flybondi y ausencia de Plan de Evacuación de Emergencia. Desde StopFlybondi critican que no se haya permitido acceder al informe de impacto ambiental antes de levantar la cautelar y esperan que la Cámara reponga la medida antes del vuelo inaugural de la low cost Flybondi que tiene previsto para este viernes desde el aeropuerto de El Palomar. La jueza asegura que con la cantidad de vuelos aprobados no hay riesgos ambientales.

La semana pasada, la jueza Forns retiró la medida cautelar que había congelado parte de las obras de remodelación en la base y había suspendido los vuelos comerciales low cost. Los vecinos que impulsaron ese amparo se quejaron ante este diario porque no se les permitió conocer el informe de impacto ambiental antes de que emitiera su fallo.

“La jueza levantó la medida a las 13.24, seis minutos antes de cerrar el juzgado. Y al día siguiente adelantó sus vacaciones y hubo que buscar otro juez para que resuelva esta situación”, aseguró a este diario el abogado Lucas Marisi, quien impulsa la cautelar.

La parte denunciante insistió en el reclamo, debido que no se les permitió ver hasta ayer el informe de impacto ambiental, y la causa quedó en manos de un juez subrogante, Néstor Barral, del Juzgado de Morón.

“Ante la presentación de un estudio de impacto ambiental con firma de gente de la Universidad de La Plata, reconocida en la materia, autoricé a la empresa Flybondi sólo 77 vuelos mensuales (no más de tres por día) de los casi 400 que se tenían planeados”, aseguró la jueza Forns, quien consideró que “con esta escasa cantidad de vuelos autorizados no hay posibilidad de daños ambientales ni auditivos de ningún tipo”. La jueza reconoció que “relativizó y criticó” el estudio de impacto ambiental y exigió un nuevo informe y convocar a una audiencia pública dentro de los próximos sesenta días.

“Lo que tenemos es una medida intempestiva e ilegal y un levantamiento de la cautelar sin habernos permitido ver el informe de impacto ambiental. Lo que implica que es un fallo nulo y será la Cámara la que tenga que dictar la nulidad de ese levantamiento”, explicó Marisi a este diario. El abogado en representación del colectivo StopFlybondi presentó ayer ante la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín dos recursos de queja para que se declare la nulidad de lo dictado por la jueza e impida el inicio de los vuelos. “Tampoco deberían iniciarse los vuelos porque el Gobierno tiene que acreditar el cierre de los polvorines y arsenales de municiones de El Palomar”, agregó Marisi. Al respecto, la jueza Forns replicó: “los polvorines que existen en el Aeropuerto se han vaciado y ordené certificarlo”.

Tras la recusación pedida por Marisi, la jueza Forns dio curso a otro amparo que no había logrado ingresar originalmente cuando fue presentado el 26 de enero pasado por la abogada experta en cuestiones ambientalistas Sambro Merlo. “Primero había enviado cartas a las autoridades de las Fuerza Aérea y de la Asociación de Pilotos como así también al propio presidente de la Nación, por considerar que se estaba violando la Constitución”, explicó Sambro Merlo a Página/12. Dado que todavía estaba vigente la cautelar del colectivo StopFlybondi, no se le habilitó la feria a la abogada. Pero luego de que Forns fuera recusada, ayer envió la presentación a la Cámara para un nuevo sorteo. En el escrito de Sambro Merlo se destaca que “el Poder Ejecutivo demostró tener poco apego al cumplimiento de lo que manda la Constitución Nacional y las leyes, porque de manera ilegítima y arbitraria dictó el decreto que dispone la transferencia del aeropuerto de El Palomar, que estaba bajo la órbita de la Fuerza Aérea Argentina, y lo pasó a depender de Aeronavegación Civil, siendo que el competente para semejante determinación es el Congreso”. Además, acusó a Flybondi de cometer supuestas “maniobras fraudulentas”, como los constantes cambios de domicilios legales y conformación de directorios en tan poco tiempo por parte de la compañía.

En otro apartado de su presentación, que tiene puntos en común con el recurso interpuesto por los vecinos, subrayó que las obras que se realizaron generaron un daño en el medio ambiente, además de complicaciones estructurales en la zona urbana donde está la estación aérea.

FUENTE: PÁGINA/12