El Gobierno de Axel Kicillof promulgó hoy la Ley 15.332, por la cual la Legislatura bonaerense efectivizó las designaciones de los adjuntos de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.

El proyecto, que fue sancionado por el parlamento provincial el 24 de mayo pasado después de un trabajoso acuerdo entre oficialismo y oposición, suma cuatro nombres a la grilla de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

La normativa oficializó al ritondista Luis María Felipe Ferella, como defensor adjunto general y al radical Marcelo Honores, como defensor adjunto de Usuarios de Servicios de Salud.

Además, el decreto oficializó al nicoleño Martín Ignacio Brignoli, como defensor adjunto de Derechos Humanos, y al camporista Ángel Domingo García, como defensor adjunto de Ambiente y Asociaciones Civiles.

De esta manera, la Ley 15.332, que lleva las firmas del lomense Federico Otermín y de la matancera Verónica Magario, adicionó cuatro cargos a la estructura de la Defensoría del Pueblo bonaerense.

De este modo, la jefatura del organismo quedó conformada por nueve casilleros, entre los cuales estarán los recién designados Ferellla, Honores, Brignoli y García.

De los nuevos cuatro sellos, tres fueron para la oposición de Juntos y el restante quedó para La Cámpora. Los nombres se conocieron bien entrada la sesión doble de la Legislatura bonaerense que aprobó el paquete de cargos.

Además, de los cuatro nuevos lugares en la Defensoría del Pueblo bonaerense, en ese encuentro legislativo se votaron cuatro directores del Banco Provincia y el pliego de Federico Thea al frente del Tribunal de Cuentas.

Como relató en detalle este medio, Juntos atravesó una dura pulseada para definir quiénes serían sus postulantes para los tres cargos de la Defensoría del Pueblo y los otros tres que le correspondían en el directorio del Bapro.

Incluso, la votación de Federico Thea para el Tribunal de Cuentas abrió un duro reproche de Mauricio Macri a sus aliados del PRO y al resto de los socios de Juntos, y motivó la renuncia del senador Joaquín de la Torre.

Defensoría del Pueblo bonaerense: cómo quedó el organigrama

A partir de las modificaciones introducidas por la Legislatura, la Defensoría del Pueblo bonaerense contará, además de la jefatura del inamovible Guido Lorenzino, con otros dos Defensores Adjuntos Generales.

Al mismo tiempo, en la la Defensoría del Pueblo bonaerense habrá otros seis casilleros con nombres de la política, como defensores adjuntos de Derechos Humanos, de Usuarios de Servicios de Salud, de Derechos Sociales, de Servicios Públicos, de Medio Ambiente y de Relaciones Institucionales.

Repasa como quedó la grilla de cargos en la Defensoría del Pueblo bonaerense:

DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: LORENZINO MATTA, Guido Martín DNI 18.367.259

DEFENSOR ADJUNTO GENERAL: MARTELLO, Walter Domingo DNI 16.544.341.

DEFENSOR ADJUNTO GENERAL: FERELLA, Luis María DNI: 16.602.702.

DEFENSOR ADJUNTO DE DERECHOS HUMANOS: BRIGNOLI, Martín Ignacio DNI 28.450.566.

DEFENSOR ADJUNTO USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD: HONORES, Marcelo DNI 11.177.550.

DEFENSOR ADJUNTO DE DERECHOS SOCIALES: ANCONA, Jorge Eduardo DNI 16.592.815.

DEFENSOR ADJUNTO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS PÚBLICAS: ONTIVERO, Gerardo DNI 35.143.623.

DEFENSOR ADJUNTO DE AMBIENTE Y ASOCIACIONES CIVILES: GARCIA, Ángel Domingo DNI: 16.748.973.

DEFENSOR ADJUNTO DE RELACIONES INSTITUCIONALES: LÓPEZ, Marcelo Rubén DNI 12.703.610.

El decreto que oficializó la nueva estructura de la Defensoría del Pueblo bonaerense:

Defensoría del Pueblo bonaerense: para qué sirve

Vale recordar que la Defensoría del Pueblo bonaerense es un organismo constitucional, unipersonal, autónomo e independiente que garantiza el ejercicio de los derechos de los y las habitantes de la provincia de Buenos Aires.

Desde lo político el organismo alberga a cientos de militantes, dirigentes y funcionarios cercanos a las diferentes fuerzas que se reparten el poder. Alguna vez fue calificado como un “aguantadero de la política”.

La Defensoría del Pueblo bonaerense en lo formal tiene como objetivo velar por los derechos de quienes estén en tránsito por su territorio, incluyendo los de carácter cívico, político, social, económico y cultural.

El organismo también debe garantizar que las instituciones y los y las funcionarios de la administración provincial cumplan con sus deberes y respeten la Constitución y las leyes vigentes.

Al mismo tiempo, la Defensoría del Pueblo bonaerense tiene como misión supervisar que las empresas de servicios públicos y privados brinden los servicios de manera adecuada.

El organismo además debe atender casos de ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, o negligente, falta de respuesta a reclamos, mala prestación, atención o trato, insuficiencia de información, o ineficacia de servicios.